EL UNIVERSAL Caracas,
lunes 25 de Julio de 2005
Justicia arrodillada
Subordinar la justicia a una
dimensión ideológica restándole autonomía y eficacia, es colocar la locomotora
fuera de los rieles, dejando los vagones indefensos y abandonados. Por ello se
ha ido produciendo una deslegitimación del Ministerio Público y de los
tribunales.
El centro de interés es
desde un punto de vista noticioso la delincuencia, la guerrilla, los grupos
paramilitares y la inseguridad en general. El centro de interés puede ser
también el criminal, pero lo que debe concentrar el mayor de los esfuerzos de
la administración pública es el proceso penal, cuando el índice de condenas es
escasísimo y triunfa la impunidad.
En este contexto están las
declaraciones de la directora ejecutiva de Cofavic,
analizando modus operandis
específicos, que revelan desviaciones y perversiones en los cuerpos de
seguridad y en la administración de justicia propiamente dicha. Por eso la gravedad del alerta, al comprobarse que en Venezuela todo
ciudadano está sometido a un alto riesgo.
Tal como lo ha señalado Cofavic, la politización del sistema penal y su
ineficiencia, aparte de la inexistencia de una política criminal, que es un
conjunto de acciones encaminadas a prevenir y reducir la criminalidad en forma
científica y racional, culminan en esta creciente inseguridad.
En consecuencia, la justicia
penal tiene que ser profesional y coordinada con la prevención, la
investigación, la represión y el tratamiento penitenciario, porque las relaciones
entre justicia y sociedad tienden a desestabilizar más aun a esta última. De
allí esa sensación de inseguridad frente a las declaraciones gubernamentales y
la manipulación de las estadísticas.
La mayoría de los
lineamientos y procedimientos de control social exigen una revisión profunda y
la prioridad absoluta es el combate racional contra la pobreza, con la
participación de todos los sectores sociales, económicos y políticos del país.
La lucha contra la pobreza no es exclusiva de nadie sino de
Hay que trabajar muy de
cerca con especialistas nacionales y extranjeros, mantener el esquema de la
descentralización policial, perfeccionar los mecanismos regionales de
coordinación y fortalecer a la justicia haciéndola profesional, autónoma y
objetiva. Esa es la máxima aspiración de los ciudadanos.